¿Qué pasó con la dinámica del empleo en el sector público durante las últimas dos décadas? En el caso particular de Tucumán, el Estado provincial prácticamente duplicó la dotación de personal en esos 20 años, rozando en la actualidad los 100.000 puestos laborales que, si se toma en cuenta la evolución del plantel en municipios y en comunas rurales, la cantidad de trabajadores ronda los 120.000 puestos, según estimaciones oficiales. Un informe de la Fundación Libertad y Progreso en base a estadísticas oficiales señala un alarmante aumento en la cantidad de empleados públicos a nivel subnacional. Entre 2002 y 2022 (último dato disponible), el empleo público dependiente de las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se incrementó en un 69%, aumentando de 1,34 millón a 2,27 millones.

La expansión en el empleo público fue transversal, en otras palabras, no hubo una sola jurisdicción donde el empleo público se mantuviese estable o se redujera. El mayor crecimiento se registró en Tierra del Fuego (+197%), provincia que casi triplicó la cantidad de trabajadores estatales. Mientras que la menor expansión se dio en Formosa (20%).

Según los especialistas este aumento “inédito” se debe a un desorden en la administración de fondos provinciales, que a lo largo de 20 años comprometieron las cuentas públicas y que hoy deben afrontar sus obligaciones.

La cantidad de empleados públicos provinciales aumentó muy por encima del crecimiento poblacional (23%). Con esto, se observó un crecimiento igual de vertiginoso en la cantidad de empleados públicos provinciales por cada mil habitantes; mientras que en 2002 era de 36, para 2022 creció hasta los 49, indica el reporte al que accedió LA GACETA.

Bajo esta métrica, Tierra del Fuego ocupa el primer lugar con 128 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes. Esto es 50 trabajadores más que en 2002. Además, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y Neuquén completan la lista de provincias que superan los 100 empleados públicos provinciales por cada 1.000 personas.

Tucumán se encuentra en el lote de distritos intermedios con 55 puestos por cada 1.000 habitantes, dice el informe en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Públicos Provinciales.

Entre las jurisdicciones con menos trabajadores públicos por habitante aparecen Córdoba (32), Buenos Aires (37), Santa Fe (40) y Mendoza (46). 

Valentín Gutiérrez, analista de la Fundación Libertad y Progreso, señala que “así como en los sistemas de pensiones es necesario tener más aportantes que beneficiarios, en la composición del empleo es fundamental que la parte privada supere a la pública, ya que la primera soporta a la segunda, y de otra forma el sistema se vuelve insostenible. Lo cierto es que en muchas provincias argentinas las actuales composiciones de empleo solo son posibles bajo los malos incentivos que genera la coparticipación, que lleva a las jurisdicciones subnacionales a comportarse irresponsablemente, generando que en los últimos años aumentaran su personal de sobremanera, mucho por encima de la administración nacional”. 

A su turno, el economista Eugenio Marí, afirma que el incremento del número de empleados estatales en el sector público provincial “no tuvo ningún justificativo posible”, sino que además “no se explica en nuevas funciones estatales o contraprestaciones a los ciudadanos, sino en los impulsos de la política y de la propia ineficiencia estatal, sumado en algunos casos el clientelismo o el copamiento partidario de áreas de gobierno”.  

El economista destaca que este aumento repercutió negativamente sobre el desarrollo del sector privado y la creación de empleo genuino. En el Gobierno tucumano explican que en el período medido la dotación de personal estatal creció por una necesidad de ampliar servicios en tres áreas claves: salud, seguridad y educación. 

De todas maneras, el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Lautaro Moschet, advierte que que lo que revelan estos datos es que el sector público tanto provincial como nacional se expanden a un ritmo superior que el sector privado. "Esto es preocupante porque precisamente es el sector privado el que sostiene la estructura del Estado en todos sus niveles. Esta dinámica es insostenible y a partir del incremento en el gasto público es que se genera la mayor carga sobre los privados", acota.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso sugiere que los ciudadanos se pregunten si la calidad de las prestaciones que recibe del estado provincial ha mejorado como para justificar el crecimiento del empleo público de su provincia. "Creo que la respuesta será mayoritariamente negativa; lo que le dará un indicio de que probablemente se deba a que el aumento se justifica en “puestos para financiar la política”, “ñoquis”, o en un “seguro de desempleo” encubierto. En ninguno de los dos casos se justifican en ser útiles para la sociedad. Esto no carece de costo, ya que lo pagan con sus impuestos el resto de los residentes en dicho distrito, resignando bienestar económico", expresa.

Según la Fundación Libertad y Progreso, los Estados provinciales deben avanzar en forma urgente  para reformar esta situación, persiguiendo los siguientes objetivos:

1- concentrar la acción del Estado provincial en sus funciones básicas e indelegables como son la salud, la educación, la seguridad y la justicia.

2- mejorar la calidad de los servicios que proporcionan a la sociedad.

3- mejorar la eficiencia, es decir, la relación entre los recursos que utilizan vis a vis los servicios que proveen.

Para esto es necesario una reorganización y racionalización de la estructura administrativa provincial, que necesariamente deberá incluir una reducción de la cantidad de trabajadores públicos provinciales, consideran los expertos de la entidad.

Sin embargo, para minimizar los costos sociales de esta reforma, proponemos que los Estados provinciales lancen un ‘Programa Empalme’, para que los trabajadores públicos que no sean requeridos puedan migrar al sector privado. Esto se lograría estableciendo un período de dos años durante el cual los trabajadores estatales en disponibilidad seguirían cobrando su remuneración, mientras que se establecería un programa de incentivos tributarios para bajar los costos laborales no salariales a las empresas que los contraten.

Este programa es una posibilidad concreta de cooperación entre la Nación y las provincias, ya que se podrían establecer incentivos en materia de contribuciones patronales, finaliza el diagnóstico privado.